M.M Consulting Financiero

FONDOS FEAGA / FEADER Y LA LEY DE SUBVENCIONES

2012-02-08T03:33:00.000-08:00

No han sido pocas las veces que desde distintosintervinientes en la gestión de ayudas cofinanciadas por la UE, en concreto lasde intervención en mercados agrarios y desarrollo rural, se nos discutía laaplicabilidad de la Ley de Subvenciones a la hora de gestionar dichas ayudas.

Cierto es que el marco viene delimitado por el Reglamento(CE) nº 1290/2005 del Consejo, de 21 de junio de 2005,sobre la financiación de la política agrícola común. Igualmente ciertoes que en muchos casos, la adaptación a la normativa del Estado Miembro noincluye la mayoría de los aspectos desarrollados en la Ley de Subvenciones(subcontrataciones de actividades, limites, tres ofertas, etc.).

En la Ley 38/2003, general de subvenciones podemosleer en su artículo 3:

Artículo 3. Ámbito de aplicación subjetivo.

Las subvenciones otorgadas porlas Administraciones públicas se ajustarán a las prescripciones de esta Ley.

1. Se entiende porAdministraciones públicas a los efectos de esta Ley:

La Administración General del Estado.

Las entidades que integran la Administración local.

La Administración de las comunidades autónomas.

Dado que no figuran entre las administraciones enumeradaslas comunitarias, podría pensarse en primera instancia que, efectivamente, laLey de Subvenciones no resulta de aplicación.

Sin embargo en el artículo 6 de esa misma Ley seindica:

Artículo 6. Régimen jurídico de las subvencionesfinanciadas con cargo a fondos de la Unión Europea.

1. Las subvenciones financiadascon cargo a fondos de la Unión Europea se regirán por las normas comunitariasaplicables en cada caso y por las normas nacionales de desarrollo otransposición de aquéllas.

2. Los procedimientos deconcesión y de control de las subvenciones regulados en esta Ley tendráncarácter supletorio respecto de las normas de aplicación directa a lassubvenciones financiadas con cargo a fondos de la Unión Europea.

Por lo que los artículos22 a 35 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, serán de aplicaciónsupletoria a la normativa comunitaria y nacional

CONCEPTO DE ENTIDAD VINCULADA

2012-02-03T00:41:00.000-08:00

En numerosas ocasiones se hace referencia en las bases reguladoras de las subvenciones a las “entidades vinculadas” normalmente para delimitar las subcontrataciones con este tipo de entidades o para aclarar que cuando se permita, será bajo ciertos condicionantes ( sobre todo que la subcontratación se realice a precios de mercado).

¿Pero qué se entiende por entidad “vinculada” exactamente?

La Ley General de Subvenciones (LGS) en su artículo 29.7 d) establece que en ningún caso puede concertarse por el beneficiario la ejecución total o parcial de las actividades subvencionadas con personas o entidades vinculadas con el beneficiario, salvo que concurran las siguientes circunstancias:

Que la contratación se realice a condiciones normales de mercado.
Que se obtenga la previa autorización del órgano concedente en los términos que se fijen en las bases reguladoras.

En relación con este artículo, el Reglamento de la LGS, aprobado por el RD 887/2006 nos matiza qué se entiende por entidad vinculada, a efectos de lo dispuesto en el artículo 29.7d) de la LGS. En concreto, establece lo siguiente en su artículo 68.2:

“A efectos de lo dispuesto en el artículo 29.7.d) de la Ley General de Subvenciones, se considerará que existe vinculación con aquellas personas físicas o jurídicas o agrupaciones sin personalidad en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Personas físicas unidas por relación conyugal o personas ligadas con análoga relación de afectividad, parentesco de consanguinidad hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo.

b) Las personas físicas y jurídicas que tengan una relación laboral retribuida mediante pagos periódicos.

c) Ser miembros asociados del beneficiario a que se refiere el apartado 2 y miembros o partícipes de las entidades sin personalidad jurídica a que se refiere el apartado 3 del artículo 11 de la Ley General de Subvenciones.

d) Una sociedad y sus socios mayoritarios o sus consejeros o administradores, así como los cónyuges o personas ligadas con análoga relación de afectividad y familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o de afinidad hasta el segundo.

e) Las sociedades que, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, reguladora del Mercado de Valores, reúnan las circunstancias requeridas para formar parte del mismo grupo.

f) Las personas jurídicas o agrupaciones sin personalidad y sus representantes legales, patronos o quienes ejerzan su administración, así como los cónyuges o personas ligadas con análoga relación de afectividad y familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o de afinidad hasta el segundo.

g) Las personas jurídicas o agrupaciones sin personalidad y las personas físicas, jurídicas o agrupaciones sin personalidad que conforme a normas legales, estatutarias o acuerdos contractuales tengan derecho a participar en más de un 50 por ciento en el beneficio de las primeras.”

Vamos a hacer una breve reflexión de a qué se refiere exactamente el apartado e) anteriormente expuesto cuando se refiere a que serán vinculadas las sociedades que formen parte del mismo grupo. En concreto, el artículo 4 de la Ley 24/1988, nos remite a lo que se entiende por grupo en el artículo 42 del Código de Comercio, que menciona lo siguiente en relación a este asunto:

“Existe un grupo cuando una sociedad ostente o pueda ostentar, directa o indirectamente, el control de otra u otras. En particular, se presumirá que existe control cuando una sociedad, que se calificará como dominante, se encuentre en relación con otra sociedad, que se calificará como dependiente, en alguna de las siguientes situaciones:

a. Posea la mayoría de los derechos de voto.

b. Tenga la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de administración.

c. Pueda disponer, en virtud de acuerdos celebrados con terceros, de la mayoría de los derechos de voto.

d. Haya designado con sus votos a la mayoría de los miembros del órgano de administración, que desempeñen su cargo en el momento en que deban formularse las cuentas consolidadas y durante los dos ejercicios inmediatamente anteriores. En particular, se presumirá esta circunstancia cuando la mayoría de los miembros del órgano de administración de la sociedad dominada sean miembros del órgano de administración o altos directivos de la sociedad dominante o de otra dominada por ésta. Este supuesto no dará lugar a la consolidación si la sociedad cuyos administradores han sido nombrados, está vinculada a otra en alguno de los casos previstos en las dos primeras letras de este apartado.”

Por tanto, si se cumple cualquiera de las situaciones detalladas anteriormente, salvo prueba en contrario, se presume que existe una relación de vinculación.

Pablo Martínez Astiz: M.M Consulting Financiero

GASTOS EFECTIVAMENTE PAGADOS

2012-01-24T01:45:00.000-08:00

En la realización de nuestros trabajos de control financiero de subvenciones públicas, no han sido pocas las alegaciones a nuestros informes provisionales por parte de beneficiarios que no comprendían que para que un gasto sea acogible, además de cumplir con las especificaciones que establece el artículo 31 de la Ley 38/2003 de subvenciones (similar al artículo 28 de la Ley Foral 11/2005 de subvenciones), que exige que los gastos subvencionables respondan de manera indubitada a la naturaleza de la actividad subvencionada, y se realicen en el plazo establecido por las diferentes bases reguladoras de las subvenciones, debe encontrarse efectivamente pagado.

Además, en ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.

Esta conclusión se deduce examinando el artículo 31.2 de la Ley 38/2003, donde se establece que salvo disposición expresa en contrario en las bases reguladoras de las subvenciones, se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del periodo de justificación determinado por la normativa reguladora de la subvención (similar a artículo 28.2 de la Ley Foral 11/2005).

Conclusión: sólo podrán aceptarse como gastos subvencionables los gastos que cumplan todos y cada uno de los siguientes requisitos:

1. Que respondan de forma indubitada a la naturaleza de la actividad subvencionada.

2. Que se realicen en el plazo establecido en las bases reguladoras de la subvención.

3. Que se encuentren pagados con anterioridad a la finalización del periodo de justificación determinado por la normativa reguladora de la subvención.

4. Que no sean gastos superiores a los de mercado.

Uno de los problemas más comunes que genera la necesidad de que sean gastos pagados, es el problema de la acogibilidad del gasto de la seguridad social a cargo de la empresa por falta de pago.

En las actividades que pudieran resultar subvencionables gastos de personal, uno de los componentes habituales de ese gasto es la seguridad social.

El problema que se presenta en numerosas ocasiones es que la seguridad social se paga habitualmente a mes vencido por lo que dependiendo de la fecha de término de la actividad subvencionada y la fecha límite de justificación este gasto pudiera no estar pagado a dicha fecha y por tanto, no ser elegible. Esto se soluciona, por parte de los órganos gestores, alumbrando convocatorias que prevean un plazo de justificación más amplio, por ejemplo tres meses.

Pablo Martínez Astiz: M.M Consulting Financiero

CAMBIO LIMITE PARA SOLICITAR TRES OFERTAS (18.000 EUROS)

2012-01-24T01:21:00.000-08:00

Debido a las numerosas consultas recibidas tras la publicación del artículo referido a las tres ofertas, de fecha 27 de diciembre de 2011 y a la extrañeza que ha causado su contenido, vamos a remarcar parte de la información contenida en aquel a través de esta nota informativa.

Desde el 2 de diciembre de 2011, el legendario limite de 12.000 euros como listón a partir del cual habia que acreditar la economía y eficiencia de la contratación, ha quedado superado. La modificación viene introducida por la disposición final quinta de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. La actual redacción de la Ley 38/2003 General de Subvenciones presenta la siguiente literalidad: "Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector público para el contrato menor, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la subvención.

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su caso, en la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa."

Por desgracia la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público a sido a su vez modificada por la Ley 34/2010, pero para tranquilidad de todos no ha variado la cifra límite para la obligación de acreditación de economía y eficiencia de la contratación.

SUBCONTRATACIÓN DE ACTIVIDADES Y LEY DE SUBVENCIONES

2012-01-09T04:07:00.001-08:00

SUBCONTRATACIÓN DE ACTIVIDADES Y LEY DE SUBVENCIONES

Es otro de los grandes quebraderos de cabeza de los beneficiarios de subvenciones. Este aspecto viene regulado en el artículo 29 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones (artículo 26 de la Ley Foral 11/2005 de Subvenciones, para los beneficiarios de la Comunidad Foral de Navarra).

En el citado artículo podemos leer “1. A los efectos de esta ley, se entiende que un beneficiario subcontrata cuando concierta con terceros la ejecución total o parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención. Queda fuera de este concepto la contratación de aquellos gastos en que tenga que incurrir el beneficiario para la realización por sí mismo de la actividad subvencionada.”.

El problema que se suscita tras esta lectura consiste en poder diferenciar cuándo estamos ante una subcontratación y cuando ante una contratación.

Resulta indiscutible que el legislador ha tratado de diferenciar, aunque sin demasiado éxito, dos tipos de “adquisiciones” a terceros. Deja fuera del concepto de subcontratación a la contratación de aquellos gastos necesarios para realizar por él mismo la actividad subvencionada.

¿Qué quiere decir todo esto? Para empezar significa que el legislador no pretende que el beneficiario lo haga “todo” por sus propios medios. El principio que inspira a la Ley es que la obligación de realizar la actividad subvencionada es una obligación personalísima del beneficiario dado que la concesión se hace intuitu personae.

Es absolutamente frecuente que el beneficiario, para estar en condición de poder serlo, deba cumplir una serie de requisitos personales. Si una vez concedida la subvención, dicha actividad subvencionada la desarrolla un tercero que quizás no cumpla con aquellos requisitos personales, parte de los principios más fundamentales del ámbito subvencional quedarían vulnerados.

Por este mismo motivo, es crucial la definición de quién es el beneficiario, para poder así contestar con posterioridad ¿Cuál es su actividad connatural?

Lo que el legislador pretende es que el beneficiario de una subvención lleve a cabo aquellas actividades, en este caso objeto de subvención, que le son habituales, “del día a día” o connaturales. Sin embargo aquellas actividades que no son las habituales, cotidianas o connaturales podrán ser contratadas con terceros.

Quizás mediante algunos ejemplos sea más sencilla la aproximación a ambos conceptos.

Pensemos en una administración que subvenciona determinado tipo de formación y los beneficiarios de la citada convocatoria son centros de formación. Cuando uno de estos beneficiarios contrata con terceros la impartición de las materias esta subcontratando mientras que cuando contrata con terceros el seguro de responsabilidad estará simplemente contratando. ¿Por qué? Esto es así puesto que la actividad de impartición resulta connatural, presumiblemente, a un centro de formación, mientras que la confección de una vehículo jurídico de aseguramiento frente a responsabilidades no parece habitual en un centro de formación.

¿Y los alquileres de aulas? En principio poseer aulas no es una actividad connatural a un centro de formación. De hecho tan centro de formación es el que las dispone en propiedad como el que las dispone en régimen de alquiler. Por tanto el alquiler de instalaciones no sería una subcontratación de actividad sino una contratación de actividad.

Los citados artículos relativos a la subcontratación de actividades solo son aplicables en el supuesto de existencia de subcontratación.

De esta manera, por ejemplo, no puede pretender aplicarse los requisitos de subcontratar con partes vinculadas a contrataciones simples con partes vinculadas. Tampoco podría pretenderse los requisitos aplicables a las subcontrataciones superiores a 60.000 euros y superior al 20% del importe de la subvención.

REFLEXIONES SOBRE LAS TRES OFERTAS O CUALQUIER OTRA VÍA DE ACREDITACIÓN DE ECONOMÍA Y EFICIENCIA.

2011-12-27T03:20:00.000-08:00

Una de las dudas que más nos hacen llegar nuestros clientes, es la relacionada con las consecuencias de no haber cumplido con el trámite de las tres ofertas para acreditar la economía y eficiencia de una contratación. Dicha obligación viene recogida en la Ley 38/2003 General de Subvenciones, más en concreto en su artículo 31.

“Artículo 31. Gastos subvencionables.

3. Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector público para el contrato menor (recientemente derogada), el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la subvención.

En la Ley de Contratos del Sector Público (RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público) se refiere a los contratos menores de la siguiente manera: “Se consideran contratos menores los contratos de importe inferior a 50.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 18.000 euros, cuando se trate de otros contratos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 190 en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal.”

El objetivo del texto es claro, se trata de que la utilización de fondos públicos sea diligente y trate de aplicar los recursos de una forma racional y económica. Se trata de acreditar no sólo que estamos ante precios de mercado, sino que dentro de éstos además se ha seleccionado el más ventajoso.

¿Quiere esto decir que siempre hay que escoger la oferta más ventajosa económicamente hablando? No. De hecho en ocasiones la oferta más barata puede ir asociada a un riesgo de ausencia de calidad.

Piénsese en la vida cotidiana, en el criterio de compra que emplean la mayoría de las personas. El criterio más empleado no es únicamente el del precio más bajo, de lo contrario estaríamos siempre comprando el determinados establecimientos de origen oriental.

El criterio “estrella” utilizado para las compras es la famosamente denominada “relación calidad-precio”. Lo que se pretende legislativamente hablando es que a la hora de contratar o adquirir bienes y servicios se adquieran aquellos que ofrezcan una mejor relación calidad-precio.

Vamos a ilustrar con un ejemplo a que podría llevarnos la contratación en base exclusiva al precio. Si queremos impartir un curso de programación de autómatas podemos pedir ofertas al mejor catedrático en la materia, a un programador que actualmente tiene un empleo de programación de autómatas y a un informático que ni siquiera terminó los estudios mínimos de su especialidad por lo que sigue en situación de desempleo. Estaremos todos de acuerdo que el precio más bajo lo ofrecerá probablemente el informático en paro, que a su vez es el menos preparado. Pero igualmente estaremos de acuerdo en que la mejor aplicación de los fondos públicos no sea esa.

Por eso la ley permite escoger una oferta que no sea la más económica, tan sólo exige justificarlo por escrito.

Como puede apreciarse justificar la economía y eficiencia de una contratación es prácticamente una quimera, puesto que la relación calidad-precio no es cuantitativamente mensurable.

¿Qué consecuencias tiene por tanto no disponer de tres ofertas? No tiene necesariamente que tener ninguna consecuencia. Este defecto de forma viene regulado en el artículo 83.2 del reglamento de desarrollo de la Ley General de Subvenciones, RD 887/2006. En caso de que no se hubieran solicitado tres ofertas el gestor de la ayuda podría (quiero destacar el carácter no obligatorio) solicitar una tasación contradictoria del valor del bien para que en caso de que se pusiera de manifiesto una valor inferior al declarado pudiera reducirse en esa misma cuantía la subvención.

CONVENIENCIA DE UTILIZACIÓN DEL INFORME AUDITOR COMO VÍA DE JUSTIFICACIÓN DE GASTOS DE SUBVENCIONES PÚBLICAS

2011-12-23T02:05:00.000-08:00

Para ser verdaderamente originales, en este artículo, vamos a comenzarlo por el final, es decir, por las conclusiones.

Conclusiones

Cada vez está más extendida, entre los distintos órganos públicos concedentes de subvenciones, la utilización de la presentación de la cuenta justificativa con aportación de informe de auditor, por presentar las siguientes ventajas:

1. Supone un acto de transparencia y transmisión de confianza en la adecuada utilización y control de los fondos públicos de cara a los ciudadanos.

2. Se profesionaliza la labor de revisión y control económico-financiero de los gastos justificados por los beneficiarios por las actividades realizadas así como de la aplicación del resto de requisitos exigidos por la normativa afecta en la concesión de subvenciones.

3. Facilita la elaboración de las memorias económicas justificativas del coste de las actividades realizadas por parte de los beneficiarios, al poderse presentar memorias abreviadas, no exigiéndose la presentación de la documentación soporte de los gastos incurridos.

El coste de la revisión podría tener la condición de gasto subvencionable cuando así lo fijen las bases reguladoras de las subvenciones, no incurriendo por tanto los beneficiarios en costes adicionales.

Colaboración auditores privados con los Organismos de Control

El sector público, como todo el mundo sabe, está teniendo un papel fundamental como dinamizador de la economía, lo que le está haciendo alcanzar un peso cada vez mayor en la economía nacional, tanto a través de organismos puramente públicos como son: entidades locales (ayuntamientos), comunidades autónomas, gobierno central; como a otros organismos semipúblicos directamente ligados a ellos como: fundaciones, entidades públicas empresariales, consorcios, organismos comerciales, etc…Todos estos organismos, además de gestionar importantes presupuestos, son concedentes de grandes volúmenes de ayudas públicas y subvenciones que para mayor tranquilidad del contribuyente, en una sociedad democrática como la nuestra deberían ser sometida a verificación por terceros independientes, que dotarán de mayor transparencia, fiabilidad y control a la gestión pública.

Asimismo, debido a la crisis económica, se está acentuando la falta de recursos humanos y técnicos cualificados por parte de los Organismos de Control (Tribunal de Cuentas, Intervención General, Organismos Gestores…) para la realización adecuada de los controles económicos- financieros de ayudas públicas y subvenciones, ya que se requiere un amplio conocimiento y experiencia en el tratamiento de las siguientes materias:

Normativa local, nacional y comunitaria de aplicación general de ayudas públicas.
Contabilidad pública y privada.

En este contexto, cada vez se está recurriendo más a la colaboración entre auditores privados con los Organismos Gestores, regulado a partir de la Ley General Presupuestaria, Reglamento de la función interventora, Normas técnicas de auditoría del sector público, Ley General de Subvenciones, etc.

Asimismo, en la actualidad cada vez más administraciones públicas están demandando un informe de auditoría complementario a la concesión de la subvención y necesario para la misma. Una subvención sin auditoria o sin auditor hoy en día carece de sentido y es una prueba más de transparencia y confianza en la adecuada utilización de los fondos públicos.

Previsión de utilización de informe auditor

El artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, regula, entre las distintas modalidades de justificación por el beneficiario del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención, la cuenta justificativa con aportación de informe de auditor. A través de esta fórmula novedosa de justificación, las bases reguladoras de la subvención pueden prever una reducción de la información a incorporar en la memoria económica a que se refiere el apartado 2 del artículo 72 de este Reglamento siempre que:

La cuenta justificativa vaya acompañada de un informe de un auditor de cuentas inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
El auditor de cuentas lleve a cabo la revisión de la cuenta justificativa con el alcance que se determine en las bases reguladoras de la subvención y con sujeción a las normas de actuación y supervisión que, en su caso, proponga el órgano que tenga atribuidas las competencias de control financiero de subvenciones en el ámbito de la administración pública concedente de la subvención.
La cuenta justificativa incorpore, además de la memoria de actuaciones a que se refiere el apartado 1 del artículo 72 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, una memoria económica abreviada a revisar por el auditor.

En concreto, la Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo es la que aprueba la norma de actuación de los auditores de cuentas en la realización de los trabajos de revisión de cuentas justificativas de subvenciones, en el ámbito del sector público estatal, previstos en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Por último, el gasto derivado de la revisión de la cuenta justificativa podrá tener la condición de gasto subvencionable cuando así lo fijen las bases reguladoras, tal como lo establece el artículo 74.3 del Reglamento.

(Pablo Martínez Astiz; M.M Consulting Financiero)

La figura del co-beneficiario (Art.8 LF 11/2005 y Art.11 L 38/2003).

2011-12-13T04:11:00.001-08:00

Una duda que surge a no pocos beneficiarios de ayudas es “tengo a un proveedor principal que ejecuta gran parte de la actividad subvencional ¿Cómo se si tengo a un co-beneficiario o tengo a un colaborador-proveedor? Esta duda suele plantearse cuando un beneficiario cuenta para la ejecución con uno o varios ejecutores destacados.

La resolución de esta cuestión tiene repercusiones necesarias en el ámbito de la subcontratación de actividades.

En el artículo 8 de la Ley Foral 11/2005 de Subvenciones, al igual que en su equivalente en la Ley 38/2003 General de Subvenciones, el legislador tiene previsto la posibilidad de que la figura jurídica del beneficiario pueda ser “compartida”.

En concreto prevé “Cuando el beneficiario sea una persona jurídica, y siempre que así se prevea en las bases reguladoras, los miembros asociados del beneficiario que se comprometan a efectuar la totalidad o parte de las actividades que fundamentan la concesión de la subvención en nombre y por cuenta del primero tendrán igualmente la consideración de beneficiarios”.

En principio las claves para dar respuesta a esta cuestión deberían estar contenidas en el expediente de solicitud de la ayuda.

Para que puedan considerarse ambos co-beneficiarios en primer lugar el beneficiario deberá ser una persona jurídica. Adicionalmente, en la solicitud se deberá identificar al destacado ejecutor, indicando su porcentaje de ejecución. Debería existir igualmente un compromiso, preferentemente por escrito, de objetivo común, asumiendo los fines, requisitos y compromisos necesarios para la obtención de la ayuda.

Una vez perfeccionada la figura descrita, las actividades desarrolladas por esos co-beneficiarios deberán entenderse realizadas directamente por el beneficiario, no dando lugar a subcontrataciones de actividades.

Inicio digital

2011-12-09T11:10:00.000-08:00

M.M Consulting Financiero es una Firma de auditoría, especializada en el control financiero de ayudas públicas.

Prestamos nuestros servicios a beneficiarios de subvenciones, a departamentos de intervención de la administración, tribunales de cuentas, cámara de comptos y a órganos gestores de ayudas.

Nuestra amplia experiencia abarca ayudas comunitarias, nacionales, autonómicas y locales. Tanto las relacionadas con I+D, I+D+i, con la formación de trabajadores y desempleados, proyectos CDTI, proyectos europeos, FEOGA/FEADER y una gran variedad de lineas y disciplinas colaterales.

Es nuestra intención, por medio del presente blog, tratar contenidos relacionados con el ámbito subvencional, sus aspectos legales, su vertiente técnico económica y cuestiones relacionados con la auditoria de dichos contenidos.